El pasado doce de noviembre la junta de CyL publicaba una medida sobre vivienda que parecía iba a ayudar a la gente de la comunidad, incluida la gente joven. Para los participantes del área de juventud supuso un motivo de celebración porque por fin parecía que en el PP se habían decidido a gobernar para quienes deberían tener soberanía en este país.
Sin embargo, al leer el texto, comenzaron las sospechas de que esta medida no iba a servir a los “colectivos desfavorecidos”, tal como anunció Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, el pasado 11 de Noviembre. Uno de los requisitos para pedir estas ayudas es tener una renta mínima de 7500 € al año, lo que supone unos ingresos mínimos de 535,71 € al mes. Indudablemente el Partido Popular no conoce sus propias medidas, pues hay familias enteras viviendo con ingresos que oscilan entre los 400 y los 481 euros (PLAN PREPARA, programa PRODI, Red Active de Inserción, Renta Agraria) en este contexto no se explica la incorporación de un criterio de renta mínima.
Tampoco el PP es muy consciente de que el índice de temporalidad es en España el segundo más alto en la Unión Europea (24,6% tercer trimestre de 2014) una tasa que se dispara entre la juventud, de hecho el 92,7% de los nuevos contratos a personas entre 16 y 29 años en Castilla y León fueron temporales (datos del primer tercio de 2014) Por tanto, que sea necesario tener un contrato desde 2010 para pedir la ayuda es, otra vez, un requerimiento poco realista atendiendo a la situación actual.
Otra de las condiciones necesarias es que el precio del alquiler de la vivienda oscile entre 350 y 475€. Esta condición es una burla, puesto que el precio de un piso estándar en ciudades como León, Salamanca, Burgos o Valladolid supera con creces la cuantía de 475€. De hecho, el problema del alto precio de los alquileres tanto en CyL y en el resto del Estado, también se ve favorecido por un enfoque político incorrecto desde las instituciones, en el área de juventud creen que una medida que pretenda estimular el alquiler debería incentivar a los arrendatarios y promover condiciones favorables para que no haya una gran cantidad de alquileres en dinero negro.
Uno de los requisitos estrella es que no se puede pedir la subvención en caso de haber sido desahuciado. De nuevo, la emergencia social no es tenida en cuenta por nuestros gobernantes de la Junta. Además, la cuantía de la subvención es de máximo un 30% del alquiler. Llama la atención que no haya ningún índice progresivo, y que se financie el 30% del alquiler tanto a personas sin hijos como a familias de cuatro miembros.
Por último, el área de juventud de IU pide que al calor de la medida de la Junta se efectúen estudios sobre la cantidad de viviendas disponibles con certificados energéticos y que además se constituya un organismo público que realice los certificados y ayude con subvenciones a los propietarios que necesiten hacer obras para adquirir dicho certificado. De esta forma muchos pisos que no “salen a la luz” porque los propietarios no están en condiciones de invertir, se incorporarían al mercado legal facilitando la bajada de precios.
En conclusión, desde el área de juventud de Izquierda Unida Castilla y León denuncian la falta de análisis sobre la realidad de la comunidad para desarrollar esta medida, la baja cuantía presupuestaria de la misma (3millones de €) y, como siempre, la incapacidad de pensar medidas que favorezcan a la juventud. No entienden cómo esperan que la juventud se emancipe con unos índices de paro juvenil por encima del 50%, un índice de temporalidad en CyL del 92,7% y unas ayudas que en este contexto no garantizan absolutamente nada.
Quizás habría que empezar a sospechar que se trata de otra medida pincel sacada a 6 meses de las elecciones que responde a necesidades partidistas y no a necesidades sociales.
